Los periodistas del caso Dina alegan que es «insostenible» acusarles cuando ella es sospechosa de mentir
Piden a la Audiencia Nacional que anule el auto de procesamiento y les saque de la ecuación porque Villarejo les pidió la información y ni siquiera se sabe qué contenía
El exdirector de la extinta Interviú, Alberto Pozas, y el periodista Luis Rendueles han recurrido su procesamiento porque consideran «jurídica y moralmente insostenible» que se les ponga a un pie del banquillo por revelación de secretos de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, cuando ella es sospechosa de mentir durante la investigación según el juez instructor, que ha deducido testimonio en su contra.
«En cualquier delito, pero especialmente en un delito perseguible a instancia de parte como el que aquí se investiga, debe exigirse del ‘perjudicado’ que no incurra en omisiones y mucho menos en contradicciones; que no dé al juzgado que investiga ese delito relatos incompatibles entre sí; que no omita ante la policía ni ante el juzgado información (…); que no oculte ni dañe elementos probatorios físicos esenciales para que el juzgado pueda llegar a concretar el relato de lo verdaderamente ocurrido; y que no dinamite, en definitiva, una investigación y un procedimiento cuya continuación o finalización pende únicamente de su voluntad», señalan.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, parte de lo que ya pusieron de manifiesto durante la instrucción judicial tanto ellos como el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Que él, estando en activo y en perspectiva de investigaciones en curso sobre Podemos, les pidió una información que había llegado a la revista. Se trataba de la tarjeta de memoria de un teléfono móvil de Dina Bousselham y le entregaron una copia en un pendrive.
La tarjeta, que acabó en manos de Pablo Iglesias, está destruida y su contenido no se puede recuperar. Y durante la investigación, Bousselham revisó los archivos que se habían encontrado en poder de Villarejo y señaló que lo que veía podía salir de su teléfono móvil pero las carpetas no coincidían exactamente y faltaba información.
Con estas premisas, los periodistas alegan que si ni siquiera se puede saber qué contenía aquella copia que le dieron a Villarejo, como tampoco qué había en la meritada tarjeta, difícilmente se puede sostener contra ellos una acusación por revelación de secretos, pues en ella debe mediar el afloramiento de contenidos de la intimidad y no está acreditado que los hubiera.
En la misma línea, inciden en que quien les pidió la información de manera verbal no era el comisario Villarejo que hoy forma parte del imaginario colectivo, sino un comisario en activo, reiteradamente condecorado, en un contexto en el que los medios de comunicación se venían haciendo eco de investigaciones policiales sobre Podemos y el origen de su financiación.
Un policía como «inductor» del ilícito
Aseguran que no podían ni imaginar que él no fuese a utilizar esa información para asuntos policiales y subrayan que si hubo un delito de revelación de secretos al entregarle aquel pendrive, lo indujo él.
«Resulta palmario que la intervención se realizó por el comisario en ejercicio Sr. Villarejo –el agente provocador– antes de que los Sres. Pozas y Rendueles hubieran comenzado la preparación del hecho punible; tal acción se realizó en virtud de la inducción engañosa del Sr. Villarejo, quien convenció a los Sres. Pozas y Rendueles para que le entregaran la información sobre la denunciante«, expone el recurso que firma el letrado Sergi Mercé.
Conforme relata, el comisario les «incitó a perpetrar una acción que previamente no tenían propósito de cometer y que, de no haberse producido tal incitación por parte del Sr. Villarejo, jamás se habría producido». «La (negada) voluntad de delinquir no surgió por la propia y libre decisión de los Sres. Pozas y Rendueles, sino a través de la instigación o inducción del Sr. Villarejo», subraya.
